A alguno de esos inefables personajes de estos tiempos quienes suelen andar por el mundo autoproclamándose los nuevos Mesías; no recordamos bien en qué parte del mundo –esperamos que no haya sido en España, aunque nos tememos que sí-, se le ocurrió la disparatada idea de que “este es el tiempo del gobierno de los jueces”. Esto significaría que los jueces, no sólo deberían hacer cumplir las leyes sino que también podrían interpretarlas y reglamentarlas. De ahí a que pretendan también redactarlas no hay sino un paso. Es decir, según esta “doctrina”, ya no se hablaría del “gobierno de los jueces” sino de la “dictadura de los jueces”.
Según la doctrina de la separación de poderes, redactar las leyes es tarea del Poder Legislativo, interpretarlas y reglamentarlas es tarea del Poder Ejecutivo, y hacerlas cumplir es tarea del Poder Judicial. En la práctica, sin embargo, esta separación no suele ser absoluta. El Jefe de Gobierno en casi todos los países occidentales es la figura visible y de mayor importancia del Poder Ejecutivo y por tanto, quien gobierna.
En un sistema presidencial, el Jefe de Gobierno (o Presidente) es también el Jefe de Estado y por tanto, quien gobierna un país, respetando desde luego la separación de poderes, respeto que debe ser acatado por los tres poderes como corresponde a una democracia en regla.
El juez no es más que, como lo afirmaba Montesquiu, “Boca de la Ley”. Pero ahora, ateniéndose a estos “nuevos aires”, no faltan los jueces que no sólo se creen boca, sino también cerebro y brazo. Y claro, con el poder que tienen desde sus estrados judiciales, intimidan a quien se oponga.
No es que en el mundo se esté dando una debacle por esta moda peregrina, pero, en algunos países, entre ellos la sufrida, martirizada, paciente y siempre querida Colombia, un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ese país se la han tomado muy en serio dándole, por supuesto, una muy particular y tropical interpretación que favorece sus egoístas, mezquinas y a veces aviesas intenciones.
Se trata de un grupo de jueces que, no se sabe si lo hacen para favorecer sus futuros proyectos políticos, porque no han logrado superar sus lejanos y juveniles resentimientos de clase o, lo que sería doloroso y escandaloso, para cumplir encomiendas remuneradas de quien sabe qué intereses que en todo caso no son los del pueblo colombiano.
El caso es que al Presidente Álvaro Uribe, Presidente quien logró sacar a Colombia desde su proverbial estado crítico casi bicentenario a un sendero de franco progreso con un gobierno eficaz, valeroso y práctico, se le opuso con todos los recursos que le fue posible este grupo de magistrados quienes nunca han dado muestras justamente de ser ni eficaces ni excesivamente éticos en sus actuaciones. No es más que ver que no han sido capaces de elegir en más de dos años a los miembros faltantes de su propia Corte mientras permanecen constantemente en viajes de “observación de la Justicia”, por ejemplo en países tan lejanos geográfica e ideológicamente de Colombia como China, desde luego con unos elevadísimos gastos a costa del erario público mientras sus funciones urgentes están dramáticamente atrasadas.
En julio del año 2009, es decir hace más de un año, el Presidente Uribe, en cumplimiento de la Constitución y apegado a todas las leyes existentes envió a la Corte Suprema de Justicia el nombre de tres candidatos para que entre ellos, la Corte escoja a quien debía ser desde esa fecha el nuevo Fiscal General de la Nación. De manera insólita, por primera vez en la historia, los magistrados contestaron con la sorprendente noticia de que ellos no consideraban “viable” el grupo de candidatos y que por tanto, el gobierno debía cambiarlo según sus exigencias.
Esta fue claramente una actitud extraña porque, todos los juristas colombianos casi sin excepción, conceptuaron que los candidatos cumplían todos los requisitos para serlo y que la Corte estaba en la obligación Constitucional de nombrar Fiscal. Sin embargo, estos señores continuaron en sus trece y se dedicaron a hacer la pantomima de unas deliberaciones que, obviamente, nunca conducían a nada. Lograron ganarse una baza cuando algunos de los candidatos, para ayudar al Gobierno a desempantanar la situación, presentaron renuncia a su candidatura. El Presidente, con la prudencia necesaria, nombró a otros tres candidatos.
Cualquiera creería que ahora sí, esa Corte, después de haberle “demostrado” a los colombianos quien manda en realidad, escogería al nuevo Fiscal. Pues no. Continuaron con su sainete de supuestas deliberaciones que nunca condujeron a nada.
Finalizó el gobierno del Presidente Uribe, empezó el nuevo gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y los colombianos esperaron que ahora sí, ido Uribe a quien evidentemente querían perjudicar los Magistrados, éstos elegirían Fiscal.
Para sorpresa y disgusto de quienes tienen un verdadero interés por la buena marcha del país, los señores magistrados siguieron en lo mismo sin dar una explicación plausible y mostrándose en los medios con un discurso que de repetido y vacuo ya resulta ridículo. El Presidente Santos optó por cambiar –otra vez- los candidatos a Fiscal pero, los increíbles magistrados continúan en algo que, si no lo es, es por lo menos idéntica a una farsa, posfechando y retrasando hasta lo absurdo su obligación de cumplir con la Constitución y nombrar el Fiscal General de la Nación.
Cualquiera, y más si es un Juez, se preguntaría: ¿A quién favorece esta situación?
¿Al pueblo colombiano? Evidentemente no, pues en realidad lo perjudica esta interinidad en su máximo organismo de investigación.
¿A la Fiscalía? No, desde luego puesto que, al estar en franca provisionalidad, pierde eficacia.
¿Al narcotráfico? Es probable porque, la eficacia disminuida de la Fiscalía les da tiempo para adelantar sus trapicheos para lograr con sus bufetes de abogados mover sus multimillonarias fichas y lograr beneficiarse.
¿A las FARC? Sin duda son quienes más se benefician de este absurdo estado de cosas porque, en tanto que son el mayor cártel de la droga, obtienen los mismos beneficios de sus colegas los narcotraficantes a secas, pero, además, logran el beneficio de desprestigiar al Estado y a sus instituciones para seguir con su discurso falaz de ser los “redentores” que Colombia necesita.
Basados en lo anterior, resulta razonable creer posible que haya personas que, por razones extraviadas se hayan corrompido hasta un punto rayano en lo absurdo. Y si es así, si hay jueces que sirven a la injusticia, conviene recordar la frase del predicador de los primeros años de nuestra Era Común quien dijo:
“Buena es la sal; pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para abono; por eso la arrojan fuera.”
Según la doctrina de la separación de poderes, redactar las leyes es tarea del Poder Legislativo, interpretarlas y reglamentarlas es tarea del Poder Ejecutivo, y hacerlas cumplir es tarea del Poder Judicial. En la práctica, sin embargo, esta separación no suele ser absoluta. El Jefe de Gobierno en casi todos los países occidentales es la figura visible y de mayor importancia del Poder Ejecutivo y por tanto, quien gobierna.
En un sistema presidencial, el Jefe de Gobierno (o Presidente) es también el Jefe de Estado y por tanto, quien gobierna un país, respetando desde luego la separación de poderes, respeto que debe ser acatado por los tres poderes como corresponde a una democracia en regla.
El juez no es más que, como lo afirmaba Montesquiu, “Boca de la Ley”. Pero ahora, ateniéndose a estos “nuevos aires”, no faltan los jueces que no sólo se creen boca, sino también cerebro y brazo. Y claro, con el poder que tienen desde sus estrados judiciales, intimidan a quien se oponga.
No es que en el mundo se esté dando una debacle por esta moda peregrina, pero, en algunos países, entre ellos la sufrida, martirizada, paciente y siempre querida Colombia, un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ese país se la han tomado muy en serio dándole, por supuesto, una muy particular y tropical interpretación que favorece sus egoístas, mezquinas y a veces aviesas intenciones.
Se trata de un grupo de jueces que, no se sabe si lo hacen para favorecer sus futuros proyectos políticos, porque no han logrado superar sus lejanos y juveniles resentimientos de clase o, lo que sería doloroso y escandaloso, para cumplir encomiendas remuneradas de quien sabe qué intereses que en todo caso no son los del pueblo colombiano.
El caso es que al Presidente Álvaro Uribe, Presidente quien logró sacar a Colombia desde su proverbial estado crítico casi bicentenario a un sendero de franco progreso con un gobierno eficaz, valeroso y práctico, se le opuso con todos los recursos que le fue posible este grupo de magistrados quienes nunca han dado muestras justamente de ser ni eficaces ni excesivamente éticos en sus actuaciones. No es más que ver que no han sido capaces de elegir en más de dos años a los miembros faltantes de su propia Corte mientras permanecen constantemente en viajes de “observación de la Justicia”, por ejemplo en países tan lejanos geográfica e ideológicamente de Colombia como China, desde luego con unos elevadísimos gastos a costa del erario público mientras sus funciones urgentes están dramáticamente atrasadas.
En julio del año 2009, es decir hace más de un año, el Presidente Uribe, en cumplimiento de la Constitución y apegado a todas las leyes existentes envió a la Corte Suprema de Justicia el nombre de tres candidatos para que entre ellos, la Corte escoja a quien debía ser desde esa fecha el nuevo Fiscal General de la Nación. De manera insólita, por primera vez en la historia, los magistrados contestaron con la sorprendente noticia de que ellos no consideraban “viable” el grupo de candidatos y que por tanto, el gobierno debía cambiarlo según sus exigencias.
Esta fue claramente una actitud extraña porque, todos los juristas colombianos casi sin excepción, conceptuaron que los candidatos cumplían todos los requisitos para serlo y que la Corte estaba en la obligación Constitucional de nombrar Fiscal. Sin embargo, estos señores continuaron en sus trece y se dedicaron a hacer la pantomima de unas deliberaciones que, obviamente, nunca conducían a nada. Lograron ganarse una baza cuando algunos de los candidatos, para ayudar al Gobierno a desempantanar la situación, presentaron renuncia a su candidatura. El Presidente, con la prudencia necesaria, nombró a otros tres candidatos.
Cualquiera creería que ahora sí, esa Corte, después de haberle “demostrado” a los colombianos quien manda en realidad, escogería al nuevo Fiscal. Pues no. Continuaron con su sainete de supuestas deliberaciones que nunca condujeron a nada.
Finalizó el gobierno del Presidente Uribe, empezó el nuevo gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y los colombianos esperaron que ahora sí, ido Uribe a quien evidentemente querían perjudicar los Magistrados, éstos elegirían Fiscal.
Para sorpresa y disgusto de quienes tienen un verdadero interés por la buena marcha del país, los señores magistrados siguieron en lo mismo sin dar una explicación plausible y mostrándose en los medios con un discurso que de repetido y vacuo ya resulta ridículo. El Presidente Santos optó por cambiar –otra vez- los candidatos a Fiscal pero, los increíbles magistrados continúan en algo que, si no lo es, es por lo menos idéntica a una farsa, posfechando y retrasando hasta lo absurdo su obligación de cumplir con la Constitución y nombrar el Fiscal General de la Nación.
Cualquiera, y más si es un Juez, se preguntaría: ¿A quién favorece esta situación?
¿Al pueblo colombiano? Evidentemente no, pues en realidad lo perjudica esta interinidad en su máximo organismo de investigación.
¿A la Fiscalía? No, desde luego puesto que, al estar en franca provisionalidad, pierde eficacia.
¿Al narcotráfico? Es probable porque, la eficacia disminuida de la Fiscalía les da tiempo para adelantar sus trapicheos para lograr con sus bufetes de abogados mover sus multimillonarias fichas y lograr beneficiarse.
¿A las FARC? Sin duda son quienes más se benefician de este absurdo estado de cosas porque, en tanto que son el mayor cártel de la droga, obtienen los mismos beneficios de sus colegas los narcotraficantes a secas, pero, además, logran el beneficio de desprestigiar al Estado y a sus instituciones para seguir con su discurso falaz de ser los “redentores” que Colombia necesita.
Basados en lo anterior, resulta razonable creer posible que haya personas que, por razones extraviadas se hayan corrompido hasta un punto rayano en lo absurdo. Y si es así, si hay jueces que sirven a la injusticia, conviene recordar la frase del predicador de los primeros años de nuestra Era Común quien dijo:
“Buena es la sal; pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para abono; por eso la arrojan fuera.”
